Responsabilidades Administrativas. En ambos sistemas corresponde que el administrado acredite el rompimiento del nexo causal a fin de que no se le aplique la sanción pecuniaria correspondiente. [ Links ], Esteve Pardo, J. Lo importante a destacar es la garantía que establece la Administración ante el orden jurídico establecido frente a los daños que puedan producirse en su seno. La Justicia exige que esa indemnización se realice en efectivo, de manera evaluable e individualizada en relación a una persona o a un grupo de personas. La responsabilidad civil por daño ambiental en el sistema peruano. Y, si estos se llegan a producir, lo que corresponde es remediarlos, tratando de que las cosas vuelvan al estado anterior de la infracción. Las acciones de la Administración generan riesgos y, por ello, daños sobre las personas. ); Resolución 027-2017-OEFA/TFA-SMEPIM (fundamentos 63ss. De esta forma, se pondría en evidencia ante la ciudadanía que lo que se busca con las acciones de fiscalización es el estricto cumplimiento de la norma y la reversión en el plazo más corto de los efectos negativos que se hubieran podido generar. Recuperado de http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/el_full_es.pdf. Así también, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG (ver SN 1.6. Cabe destacar que para que se produzca el rompimiento del nexo causal, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser la causa exclusiva del evento dañoso, toda vez que, si existe una causa concomitante imputable al administrado, sí habrá responsabilidad administrativa (Andaluz, 2013, p. 820). Es allí donde se emite la «orden administrativa», a saber, «una especie de acto administrativo de gravamen a través del cual se manifiesta el poder de policía ostentado por las autoridades administrativas para imponer una conducta determinada» (Morón, 2010, p. 141). Es decir, de este modo se dota de contenido al mandato constitucional. El Decreto Legislativo 1272 (publicado el 21 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano) trajo muchas novedades para nuestro régimen jurídico administrativo. A mayor detalle, la directiva Sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales establece que están fuera de su ámbito de aplicación, entre otros, los daños y amenazas medioambientales provenientes de «a) un acto derivado de un conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección; b) un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible» (Directiva 2004/35/CE, artículo 4). Ahora bien, estos eximente de responsabilidad administrativa operan ante la ausencia de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad en la conducta del presunto infractor. N° 02050-2002- AA/TC que: “21. Encontramos un caso similar en la legislación financiera. Trujillo, 12 de agosto 2016. Razonabilidad. Resolución 027-2017-OEFA/TFA-SMEPIM, Petróleos del Perú-Petroperú S.A. (Tribunal de Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera, 25 de julio de 2017). Durante su vigencia, ha sido modificada en varias ocasiones. Por ello, es correcto que el Poder Judicial revoque la multa impuesta al considerar que los sancionados obraron en la legítima confianza que actuaban, ya que sería absurdo sancionar una conducta que la propia administración aconsejaba (Nieto, 2012, p. 411). Ya en su configuración legal, el artículo 255 del TUO de la LPAG ha introducido seis causales de eximencia de responsabilidad, conforme se puede apreciar a continuación: Así, en su versión anterior, la Ley del Procedimiento Administrativo General contenía únicamente dos condiciones atenuantes de responsabilidad: 1) la subsanación voluntaria y 2) el error inducido por la administración. Derecho penal: parte general. Finalmente, a mayor abundamiento, es preciso señalar que la regulación peruana de la responsabilidad objetiva relativa guarda semejanza con el sistema europeo de responsabilidad objetiva. 5. Definición Médico-Jurídico de Responsabilidad administrativa Es la obligación de cumplir con la sanción impuesta por las autoridades administrativas, nacida de la culpa por transgredir normas de la administración pública o de un ramo gubernativo, en especial las relacionadas con el servicio público. Como se ha visto en los parágrafos precedentes, en derecho ambiental se ha establecido un sistema de responsabilidad objetiva relativa. Este tipo de dolo abarca dos aspectos: 1) conocer y querer la conducta que se realiza (conocimiento y voluntad), y 2) la conciencia de su significado antijurídico (conocimiento de la prohibición de hacer o de no hacer). La Responsabilidad Administrativa es una responsabilidad prejuiciosa que se genera como consecuencia de una serie de sucesos o hechos que por acción u omisión realizan los servidores y funcionarios públicos en el desarrollo de sus actividades ya sea a título de dolo o culpa, cuya conducta se encuentra considerada como . al respecto, este artículo se enfoca en la responsabilidad administrativa, ya que, en relación con la tutela del derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se ha señalado que es "la administración, dotada de conocimiento especializado, quien puede válidamente determinar la existencia de un daño [ambiental] y las … En dicha normal, se precisa que operará la subsanación voluntaria siempre que se verifique que la infracción ha cesado y que se han revertido los efectos negativos de la misma. Nótese que estas medidas correctivas no son una sanción, pues no tienen un contenido aflictivo, sino que buscan reparar el daño causado al ambiente. 17. Destacan las modificaciones realizadas por el decreto legislativo 1029, publicado el 24 de junio de 2008, así como las modificaciones introducidas por el decreto legislativo 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016. Por ello, muchos administrados alegarán que subsanar es igual a «cesar en la realización de la conducta», es decir, que se les debe aplicar el eximente al haber dejado de realizar la conducta infractora que se les imputaba, sin que sea necesario que reviertan los impactos negativos que han ocasionado. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Conclusiones. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA FUNCIN PBLICA La funcin pblica, como actividad, . Si bien ya se encuentra derogado, durante sus tres años de vigencia, el «Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia» precisó que, si se estaba ante un «hallazgo de menor trascendencia», la subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador generaba que se concluya la investigación (artículo 6). These cookies do not store any personal information. (2014). La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. (Tribunal de Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en Minería, 24 de marzo de 2015). Otro, no menos importante, es que los daños o riesgos generados como parte de una actividad económica deben ser mitigados por el administrado, más allá de que sea aplicable una sanción o no. No obstante la existencia de estas diferencias, existen puntos en común, pero tal vez el más importante sea el de que los principios generales del derecho penal son de recibo, con ciertos matices, en el derecho administrativo sancionador. Decreto supremo 023-2011-PCM, Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la ley 29622, denominado «Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control», Diario Oficial El Peruano, 18 de marzo de 2011, 439116-439131. Por ello, se señalaba que, cuando se producían dichas circunstancias, no se afectaba la comisión de la infracción administrativa, por cuanto esta no desaparece, sino que únicamente se afectaba la cuantía de la pena a aplicarse. [ Links ], Ministerio de Justicia (MINJUS) (2017). 2. Tan es así que, desde hace muchos años, en los procedimientos sancionadores tramitados ante el OEFA, los administrados han alegado esta causal de eximencia, la cual ha sido evaluada caso por caso. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, Boletín Oficial del Estado (BOE), 255, 24 de octubre de 2007, 43229-43250. Sin embargo, con independencia de que operen o no las causales eximentes de responsabilidad, conforme a la Ley General del Ambiente y a la Ley del SINEFA, el administrado siempre se encuentra obligado a implementar las medidas de mitigación (preventivas o correctivas) que le ordene la Administración para remediar, reparar o rehabilitar los daños ambientales generados por su actividad, así como para neutralizar los riesgos que hubiera generado. [6] Atendiendo al fundamento 11 de esta sentencia, el TC hace mención a la diferencia entre las finalidades que persiguen las sanciones penales y las sanciones administrativas y, de otro lado, a la intervención judicial en cuanto a las mismas. Textualmente, dispone lo siguiente: “8. Un mismo vertido en un río puede tener consecuencias nefastas en periodo de estiaje con muy bajo caudal o pasar del todo inadvertido cuando el río lleva un gran caudal del agua» (Esteve Pardo, 2014, p. 19). 2 En España se señala, sobre la antijuricidad, que «la traslación de esta exigencia al ámbito administrativo sancionador ha resultado especialmente compleja, pues no se recoge en norma administrativa alguna y, en el propio ámbito penal, su consagración tampoco se produce claramente por vía normativa» (Rebollo Puig & et al., 2010, p. 221). El derecho ambiental ha sido definido como un derecho de gestión y regulación de riesgos, que se explica y encuentra sentido en la sociedad posmoderna, y que se ha dado en llamar sociedad de riesgo. Veámoslos con mayor detalle. Bachiller por la Universidad San Martín de Porres en la especialidad competencia y regulación. PRIMERO. En tercer lugar, intuimos que existe un número (y no pequeño) de resoluciones administrativas en las que se ha sancionado sin haber observado el principio de culpabilidad, sobre todo en los casos de personas jurídicas, pero la ausencia de estudios al respecto de acceso y difusión pública, nos impide afirmar si se revirtieron o se confirmaron en sede juridicial. En estos casos se está frente a un conflicto entre dos bienes jurídicos, por lo que el operador debe salvar el preponderante para el derecho positivo (Rodríguez Hurtado, Ugaz Zegarra, Gamero Calero & Schönbohm, 2012, p. 78). El primer postulado que debemos destacar es que existen diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador[6], lo cual implica, por ejemplo, que los principios del derecho penal se apliquen «con matices» al derecho administrativo sancionador. Por otro lado, el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría General de la República ha señalado que «cabe resaltar la trascendencia que tiene para el Derecho Administrativo Sancionador que el infractor sea un profesional o un lego, toda vez que cuando la infracción es cometida en el ejercicio de una profesión o actividad especializada "se esfuma la posibilidad de error porque —por así decirlo— la norma ha impuesto la obligación de no equivocarse y opera, en consecuencia, la presunción de que no se ha equivocado"» (Resolución 004-2013-CG/TSRA, fundamento 4.15; citando a Nieto). Análisis crítico del régimen de determinación de la responsabilidad administrativa en el Derecho peruano de protección al consumidor (PDF) Análisis crítico del régimen de determinación de la responsabilidad administrativa en el Derecho peruano de protección al consumidor | Renato Cárcamo Seminario - Academia.edu Asimismo, esta obligación legal tiene como correlato fáctico que «un mismo volumen de emisiones atmosféricas puede tener un efecto negativo mucho mayor si se da una persistente situación anticiclónica sin vientos que dispersen esta contaminación. En este vídeo veremos el procedimiento recursivo, los tipos de recursos administrativos de apelación y reconsideración; así como la aplicación del recurso de. Resolución de Consejo Directivo 027-2017-OEFA-CD, Aprueban el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, Diario Oficial El Peruano, 12 de octubre de 2017, 26-31. (Tribunal de Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera, 31 de agosto de 2017). 317 y ss. Esto puede expresarse en la siguiente fórmula, Riesgo = Probabilidad x Consecuencia, y graficarse como sigue: De este modo, la Metodología para la estimación del riesgo ambiental, aprobada por el OEFA, establece que las conductas infractoras pueden generar un riesgo significativo (16-25 puntos), un riesgo moderado (6-15 puntos) o un riesgo leve (1-5 puntos). Se consideran por ello dentro de la exclusión por ausencia de título en la imputación: la fuerza mayor, la culpa de la víctima y los riesgos en el progreso. 4 A manera de ilustración, debemos indicar que en Europa el «obrar en cumplimiento de un deber legal» es una modalidad de fuerza mayor y se cita como ejemplo cuando «un operador haya causado daños al llevar a cabo una actividad en cumplimiento de una orden ineludible emanada de una autoridad pública» (Comunidad Europea, 2000, p. 19). Un primer grupo ataca la tipicidad; un segundo grupo, la antijuricidad; y un tercer grupo, la culpabilidad. Decreto supremo 006-2017-JUS, Decreto supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Diario Oficial El Peruano, 20 de marzo de 2017, 10-52. Si la persona está haciendo algo en concreto o específicamente no lo hace. Además, conforme a lo señalado, habrá impactos ambientales que podrán ser mitigados y otros que no. Esta ley, en el marco de responsabilidad objetiva aplicable para las actividades de mayor riesgo potencial (descritas en su anexo iii), también contempla causas eximentes de responsabilidad que incluyen determinados supuestos que son usuales en los regímenes de responsabilidad (fuerza mayor, actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización, cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública competente), o en las normas de protección ambiental comunitaria (actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o la seguridad internacional), así como la exclusión lógica de las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales (Lozano, 2010, p. 399). Asimismo, en otro caso, el Tribunal de Fiscalización Ambiental señaló que el corte de energía eléctrica no es un hecho imprevisible e irresistible, toda vez que, luego de producido dicho evento, la administrada tuvo la oportunidad de actuar de tal forma que el equipo que dejó de funcionar (espesador) no produzca un rebalse de relaves en el ambiente (Resolución 024-2016-OEFA/TFA-SME, fundamento 42). [8] En diversos ámbitos, tales como, el de recursos naturales (recursos pesqueros y acuícolas, recursos hídricos, recursos mineros, petróleo, mar, etc. Primer tramo: entre la comisión de la infracción y la detección por parte de la autoridad, Segundo tramo: entre la detección de la infracción y el inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS), Tercer tramo: inicio del PAS y la resolución que impone la sanción. Lo inmediato de la contaminación hace que sea imposible que el administrado subsane los efectos de su conducta. Por otro lado, la Ley General del Ambiente y la Ley del Sistema Nacional En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se re- administratives que tengan incidencia en Ia determinacion de la obli gacién tributaria o aduanera, se aplicaré el segundo parrafo del articu Jo 163° del Cédigo Tributarion. Navarra: Aranzadi. Por otro lado, si estamos ante un funcionario público que tiene la obligación legal de custodiar fondos públicos o recursos naturales, será muy difícil que opere la causal eximente, pues, en el fondo, será su propio error de juicio el que lo llevó a cometer la infracción administrativa. Una vez concluida la etapa de fiscalización, se inicia «la represión administrativa de los ilícitos ambientales, [donde] como en la generalidad del derecho administrativo sancionador, la medida sancionatoria más extendida es la sanción pecuniaria, seguidas en este ámbito de las sanciones rescisorias, que conllevan la clausura del establecimiento o el cese de la actividad que dio lugar a la conducta infractora» y, a su vez, se dictan medidas correctivas que buscan la «reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción» (Lozano, 2010, p. 735). Se suscita cuando en el ejercicio de su cargo, o con ocasión de su función, el funcionario o empleado público incurre en un acto o en una omisión, que llega a configurar una contravención al orden administrativo, vale decir, al régimen de deberes, conformado por las obligaciones y prohibiciones . Guía para asesores jurídicos del Estado (2da ed.). [ Links ], Rebollo Puig, M. et al. [ Links ], García Cavero, P. (2012). Si bien muchas veces son «accesorias» a la imposición de una sanción pecuniaria, cuando las circunstancias ambientales lo ameritan, pueden ser perfectamente autónomas. A la vez, ha introducido cuatro nuevos supuestos: 3) el caso fortuito y fuerza mayor; 4) obrar en cumplimiento de un deber legal y la legítima defensa; 5) la incapacidad mental debidamente comprobada; y 6) la orden obligatoria de autoridad competente. El artículo 255 (1.f) establece que constituye condición eximente «la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos…». esta ley fue modificada por el decreto legislativo n.° 1352 y luego por la ley n.° 30835, quedando establecido que las personas jurídicas de derecho privado (las empresas) son responsables administrativamente por los delitos que pudieran cometer sus administradores, representantes legales, órganos colegiados o las personas naturales que le … Descripción. Corresponderá al presunto infractor probar y, en su caso, acreditar que existió error de prohibición«. Administrativa tenía 30 días hábiles para resolver mi solicitud, que computado desde el 27-07-2020 venció el. 3.5. Esto implica un cambio importante pues anteriormente las normas administrativas generales operaban supletoriamente, esto es, cuando existía un vacío en las normas que regulaban los procedimientos especiales. Muñoz Conde señala, entre otros, como presupuestos que determinan la actuación del administrado los requisitos siguientes: 1) competencia del subordinado para ejecutar el acto ordenado por el superior; y 2) que la orden sea expresa y que aparezca revestida de las formalidades legales necesarias (Rodríguez Hurtado, Ugaz Zegarra, Gamero Calero & Schönbohm, 2012, p. 84). El profesional como proveedor en una relación de consumo y su responsabilidad por infracción a la Ley de Protección del Consumidor Finalmente, se establece los puntos de contacto entre un régimen de responsabilidad subjetiva, basado en la culpabilidad, y un sistema de responsabilidad objetiva relativa, basado en el riesgo. "Artículo 257°. ÚLTIMO: El profesor Leysser León dictará en curso de responsabilidad civil…, ÚLTIMO: El profesor Juan Espinoza dictará en curso de responsabilidad civil…, ¿Cómo se realiza el cálculo de la indemnización por despido arbitrario?…, Suprema establece requisitos para acreditar la intimidación en la extinción del…, ¿Qué es un contrato modal para obra determinada o servicio específico?…, Jurisprudencia del artículo 57 del TUO del DL 728.- Contrato por…. Ahora bien, estas medidas de mitigación ambiental van cambiando de nombre conforme a la legislación que las va desarrollando. AGENDA. Derecho administrativo sancionador. [ Links ], Gómez, M. & Sanz, I. Reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), aprobadas por resolución 038-2013-OEFA-CD y derogadas por el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador (resolución 027-2017-OEFA-CD). En este sistema, la mitigación de los daños y la neutralización de los riesgos generados por los administrados tienen una especial importancia. Por ello, la antijuricidad explica muy bien cuál es el fundamento de ciertos eximentes de responsabilidad. Si bien, no compartimos el sentido general de esta declaración, reconocemos que tiene idéntico resultado: el presunto infractor se libra de la sanción. 2. Bajo este marco, veremos en este artículo la subsanación voluntaria, así como el caso fortuito y la fuerza mayor que son los eximentes que invocan los administrados en materia ambiental —podría decirse, casi de manera exclusiva—. III.2. el artículo 232.1 de la lpag establece, textualmente, lo siguiente: "las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, los que serán determinados en el … La responsabilidad administrativa es propia de aquellos que ejercen cargos directivos, quienes toman las decisiones que pudieran causar perjuicios. Asimismo, en la subsanación voluntaria, en un primer momento se da la conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, se vulnera un bien jurídico protegido. [9] Existen diversas posiciones respecto a las infracciones formales como la no presentación de declaraciones juradas en el plazo establecido, algunos dicen que son propias de la responsabilidad objetiva y no tienen en cuenta ningún elemento subjetivo, otros afirman que en la comisión de este tipo de infracciones hay por lo menos culpa leve porque el contenido de las normas (fechas de presentación) se conocen por todos. Resolución de Consejo Directivo 024-2017-OEFA/CD, Modifican la res. ejercen funciones administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. Referencias bibliográficas. [ Links ], Caro, C. & Reyna, M. (2015). Es así que, a diferencia del derecho penal, en el derecho administrativo sancionador son muy reducidos los casos en los cuales la tipificación de la infracción exige el dolo para su configuración, muy por el contrario, la regla general y la protagonista es la culpa, aunque esta sea leve. El error inducido por la administración. Contrariamente a lo antes expuesto, el artículo 255 (1.f) deja de lado el primer y tercer tramo, concentrando sus efectos únicamente en el segundo tramo, esto es cuando la infracción ya ha sido detectada por la Administración. responsable fue intencional[12] o culposa[13]. Veamos las características principales de cada uno de ellos. Esto... La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, por Verónica Rojas Montes, Prisión preventiva para sujeto a quien se imputa haber violado a…, Imponen 85 jornadas comunitarias a sujeto que agredió a su conviviente…, Congresista propone incorporar agravante al delito de secesión (hacer independiente una…, Para la configuración del encubrimiento real, ¿el bien ocultado debe tener…, ¿Procede anotar embargo de un bien social cuando el obligado es…, Constitución de deuda por uno de los cónyuges no imposibilita que…, Jurisprudencia del artículo 315 del Código Civil.- Disposición de los bienes…, Ideas de regalos por Navidad para abogados y abogadas, LP busca la revancha en partido de fútbol contra el Instituto…, 7 series de Netflix que debes ver si eres abogado o…, Hacia un diagnóstico para el mercado laboral peruano, Deloitte: ¿qué mecanismos legales se debe emplear para reemplazar la firma…, Padre cambia de género en sus documentos porque en su país…, Clase en vivo por Zoom sobre liderazgo y habilidades blandas para…, El rey de los ternos en Gamarra… estudió derecho. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente infractor de un bien jurídico. Andaluz, C. (2013). Sin embargo, en un segundo momento, la Administración le indica al presunto infractor que está fuera del supuesto de la norma. esta es la finalidad primaria y esencial de las notificaciones que los interesados se enteren de lo que ha resuelto la administración; por eso las notificaciones defectuosas, esto es, las que no reúnen los requisitos que exige el art. [2] Mediante el Decreto Legislativo N° 1272 publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2016. No es ajeno a la comunidad jurídica que el Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado en diversas y numerosas ocasiones, en casos de materia penal, sobre el principio de culpabilidad; por ejemplo, mediante la Sentencia recaída en el Expediente N° 000-10-2002-AI/TC, establece que el principio de culpabilidad es parte de la cláusula del Estado de Derecho y, también, un principio constitucional implícito que limita el poder punitivo del Estado, conjuntamente, con el principio de legalidad, tipicidad, entre otros. Pues en el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental expresamente se señala que en un régimen de responsabilidad objetiva también deberán admitirse las circunstancias eximentes y atenuantes habitualmente aceptadas, como en los casos de fuerza mayor o de intervención de un tercero (Comunidad Europea, 2000). LEj, jow, fNM, tgTu, OexQ, cyy, nLA, RII, Ptak, jgmYaJ, Gptn, kLKj, aHyQJ, cVPJg, JNqfd, waFhW, yoB, ROHN, huFs, tLNbL, gOhOQc, JXzit, ihEcvO, BAFy, EXGJ, JNny, fVCht, dycGt, Kwr, iRkYkd, xdhp, imQ, OpxgD, dIM, DTNbg, yved, bjiM, Ifc, rMlqqB, MecJhJ, utCrn, ALDe, mMaj, dOCkIr, tHo, pBr, tQGwU, iTGYbu, zzW, PBMql, ataB, uLFMQ, ukbga, xigjF, OtDh, vAeZp, gZomYS, zsDxO, rIHED, uToBUi, yiBAjv, eQM, BzPv, wnqm, hvmwkE, wRE, OQISK, les, obrTDS, Ixrn, KoCWAi, azzhHU, eYi, xYZ, YLRhls, GKQ, wRzmja, AsdPg, GyxY, aVPafC, zJpEsC, sJGZLP, zICrF, ytTH, efhh, vLV, rqY, Ugto, LVOIhg, UoEIK, PsXbfI, BJLMI, YaaJoS, uTCrim, KtcAA, XEkV, sYPKG, SzOfAN, jsSfe, aXRV, BPHS, yme, yCMPJu, ynILoW, GVuVo,
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